Expropiación de tierras relatada en primera persona. Agrogeba (empresa española) en Guinea-Bissau

Los hombres y mujeres de las comunidades afectadas por la llegada de Agrogeba cuentan a Calamar2 los detalles sobre la expulsión de sus tierras.

Serifo Dembo camina cojeando del pie izquierdo por culpa de una mordedura de serpiente. Tiene 26 años y ni con el pie vendado puede parar de trabajar. El poco salario que lleva a casa es el único sustento para toda su familia. La vida para un joven en Guinea Bissau no presenta muchas más alternativas que las de trabajar de sol a sol cultivando los campos. Eso, o emigrar. Hay pocas opciones. Por eso cuando a Sirufo se le presentó la oportunidad de trabajar para la empresa española Agrogeba, acudió ilusionado. “Me dijeron que me iban a coger de manera fija y la realidad es que solo dan trabajo por semanas. La semana la pagan de manera miserable: a 10.000 francos cfas (15 euros) y me deben pagos atrasados. Así no puedo mantener a mi familia”, se queja este joven.

Su testimonio no es único. El impacto que ha producido desde 2010 la llegada de la empresa española Agrogeba, dedicada a la producción de arroz, a distintas comunidades de la región de Bafatá (en el norte de Guinea Bissau) ha sido muy negativo. Primero, porque tras llegar a un acuerdo con el Gobierno central han expulsado de sus tierras de cultivo a 600 agricultores, en su mayoría mujeres, que han tenido que irse a cultivar a campos menos fértiles. Segundo, porque utilizan pesticidas que provocan efectos en la salud de las personas y los animales. Tercero, porque no han respetado el precio del arroz que habían pactado con el Gobierno… Y así la lista se hace interminable sumando las denuncias y quejas de los afectados.

Las protestas las ha corroborado la ONG Alianza por la Solidaridad en colaboración con la organización local Aprodel. Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de esta organización, recorre casi a diario los poblados para recoger los testimonios de los expulsados por Agrogeba y, aunque culpa a la empresa española, señala que para él “el gobierno de Guinea Bissau es el primer responsable”. “Tenía que haber hablado con las poblaciones, haber descendido a la tierra”, señala este activista.

Del lado de Agrogeba, Jaume Pons pone la cara: es el gerente de la empresa en Guinea Bissau. Su argumentación se basa en justificarse en el desconocimiento de cómo funciona un país como Guinea Bissau y en que tenían el visto bueno del Gobierno central para actuar. “No sabía que las tierras pertenecían a los agricultores. Cuando llegamos, los cultivos estaban sin cuidar, salvajes. Nosotros los preparamos, que no me digan que allí cultivaban porque no es verdad”, señala. Se va poniendo nervioso mientras responde a las acusaciones que le hacen los campesinos, algunas de las cuales reconoce. Por ejemplo, la de que, cuando una vaca se mete en el terreno ocupado por Agrogeba, sus trabajadores la retienen y no la sueltan hasta que el ganadero paga una multa de 40.000 francos cfas. (60 euros). “Pues sí, si tú no controlas que la vaca esté suelta, me la quedo y no te la devuelvo hasta que me pagues la multa”, dice Pons con franqueza.

Un trabajador de Agrogeba en Bafatá, Guinea Bissau, reza durante un descanso laboral.

Agrogeba es cien por cien de capital español. Dos de sus cuatro socios lo son también de Petromiralles Group S. L., una empresa dedicada a la gestión de gasolineras y que tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad documental. Agrogeba empezó en 2010 su proyecto empresarial en Guinea Bissau con una inversión de cuatro millones de euros y una concesión por parte del Gobierno guineano de 6.000 hectáreas. ¿Por qué los empresarios eligieron este país, en el que se han enredado en una maraña de problemas burocráticos y de enfrentamiento con las poblaciones? Pons asegura que fue un guineano que conocía a alguno de los otros socios el que les habló en España de la posibilidad de hacer negocio con el arroz. Y hasta Guinea llegaron sin experiencia, como reconoce Pons, que con ironía dice que hasta entonces el arroz “solo lo había visto en la paella”.

La impopularidad de Agrogeba ha ido creciendo también debido a las promesas incumplidas que hizo la empresa cuando se asentó en Bafatá.  “Llegaron diciendo que querían trabajar por la comunidad. Les contestamos que aquí es donde está toda nuestra vida. Luego nos prometieron que iban a construir una escuela y un centro de salud. Lo afirmaron ellos, la comunidad no les pidió nada”. El que habla es Amadu Balde, jefe de uno de los poblados, un señor mayor que muestra, como el resto de ancianos, su total indignación por lo ocurrido. Pons responde que la escuela no la han hecho “porque la empresa de momento no tiene beneficios y no puede ponerse a hacer obra social”.

Los hombres de los poblados de Bafatá han sido los que han protestado ante las autoridades, pero la llegada de Agrogeba ha afectado sobre todo a las mujeres, que son las que cultivan el arroz. Al amanecer, el paisaje se llena de agricultoras que van sembrando el arroz en el agua. Maimuna Balde, matrona de un centro de salud, acumula quejas y la preocupación se nota en su rostro. Por un lado habla de malnutrición: “Después de la expulsión nos hemos tenido que ir a tierras peores donde producimos menos y tenemos que tener cuidado con los hipopótamos. Eso hace que la alimentación que tenemos ahora sea muy escasa”. Y por otro, denuncia el efecto del uso de pesticidas en la población: “Los pesticidas han movido las nubes de mosquitos de los cultivos hacia las poblaciones. Ha habido un incremento de los casos de malaria y también de los abortos en mujeres embarazadas de uno o dos meses”, señala Balde.

Filomeno Roberto Sam Nahs es veterinario y también está preocupado por los efectos que está teniendo el uso de pesticidas en el ganado.   “Cuando están fumigando recomendamos a los ganaderos que muevan a los animales hacia otras zonas, ya que el agua puede quedar contaminada”, señala este profesional. Los habitantes de los poblados, con sus testimonios, denuncian que Agrogeba fumiga sin tener en cuenta los efectos en la población. “La avioneta primero suelta el pesticida en los campos y, cuando está de regreso, los restos se le van cayendo sobre las poblaciones”, señala Cesar Baze, vecino del poblado de Sintcha Yoba.

Un grupo de mujeres guineanas recolecta el arroz en una parcela pública al norte del país.

Los afectados tienen a su favor el apoyo de las organizaciones sociales y en contra que el Gobierno de Guinea Bissau, aun reconociendo los incumplimientos de Agrogeba, no piensa denunciarles. Así lo reconoce Buna Nambundé, director general de Agricultura en Bafatá. “Dejamos que la empresa se instalase porque queremos el progreso. Nos prometieron inversión en desarrollo agrícola, maquinaria…Y llegamos a un acuerdo para que los precios del arroz se mantuviesen bajos”. ¿Y ese acuerdo se ha cumplido? “No”, contesta Nambundé. “El precio más caro tenía que ser 15.000 euros y lo están vendiendo a 17.500″.

En la última cadena de esta polémica, se encuentran comerciantes como Suleiman que venden el arroz de Agrogeba en el mercado. “He pedido a esta empresa que baje los precios porque son muy caros, pero me contestan que no. Que es lo que hay y que se lo permite el Gobierno”, concluye Suleiman, mientras espera al caer la tarde clientes en su pequeño puesto del mercado.

Fuente:

Calamar2

TEXTO Y FOTOS:

SUSANA HIDALGO / PEDRO ARMESTRE

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